“La resiliencia empieza en casa” y reproduce sus desigualdades

El pasado 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) eligió el lema “La resiliencia empieza en casa”. La campaña reconoce las responsabilidades de los Estados y la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres. ¿Qué supone pedirles a los hogares que sean resilientes cuando el trabajo que los sostiene está repartido de manera tan desigual?

Preparar alimentos y agua, prever medicamentos, organizar cómo evacuar con quienes necesitan apoyo. Detrás de cada recomendación hay tiempo, trabajo y alguien que tiene que hacerse cargo. Hablar del hogar como si fuera un sujeto que se organiza y actúa por sí mismo puede borrar las relaciones de poder que deciden quién anticipa, quién resuelve y quién posterga sus propias necesidades.

Cuando una política recorta servicios, deja necesidades sin cubrir o presupone que cada familia resolverá cómo cuidar, transfiere costos hacia los hogares. Dentro de ellos, esa transferencia se concreta en alguien que reduce sus horas de trabajo remunerado, abandona sus estudios, posterga una consulta médica o pierde tiempo de descanso. El supuesto ahorro se financia con ingresos, salud y autonomía de quienes cuidan. 

El reconocimiento del cuidado como derecho humano exige discutir las condiciones para recibirlo, brindarlo y disponer de tiempo para el propio cuidado. Esto compromete decisiones sobre impuestos, gasto público, jornadas laborales, licencias y protección social. También exige examinar quién puede pagar para delegar cuidados y en qué condiciones trabajan las mujeres que los asumen, muchas de ellas migrantes y precarizadas. Redistribuir supone modificar cuánto trabajo queda a cargo de los hogares, qué responsabilidades asumen los hombres y cómo contribuyen el Estado y las empresas a financiar y garantizar su provisión. Las redes comunitarias necesitan recursos y derechos para evitar que la participación reproduzca la obligación de trabajar gratuitamente. La gestión del riesgo interviene directamente en esta disputa cuando decide qué servicios sostener durante una crisis, qué trabajos presupuestar y a quién supone disponible para resolver todo lo que quede sin cubrir.

Reducir el riesgo exige disputar ese reparto. Exige que los hombres asuman el trabajo cotidiano de cuidar y de preparar el hogar ante una emergencia. Exige servicios públicos de cuidado con presupuesto y continuidad durante las crisis, condiciones dignas para quienes realizan ese trabajo y recursos para las redes comunitarias que lo sostienen. Cada plan de preparación debería explicitar quién realizará las tareas, con qué tiempo y con qué apoyos.

También exige discutir las decisiones que producen inseguridad mucho antes de una alerta. El acceso a una vivienda segura, al agua y a servicios públicos forma parte de esa disputa. Pedir preparación a quienes viven resolviendo la precariedad cotidiana demanda respuestas sobre las condiciones materiales para hacerlo.

Si la resiliencia empieza en casa, reducir el riesgo exige redistribuir el trabajo, el tiempo y el poder dentro de los hogares. La corresponsabilidad que promovemos en los marcos normativos de gestión del riesgo debe concretarse también en la organización y el financiamiento de los cuidados, con responsabilidades del Estado, las empresas, las organizaciones sociales y los hogares. Esto nos obliga a revisar qué tareas y recursos asignamos a cada persona en nuestras propias propuestas y cuánto de lo que llamamos resiliencia sigue dependiendo del trabajo no remunerado de las mujeres.

Imagen generada con AI.